El pasado 11 de septiembre se cumplieron 10 años de los ataques realizados por Al-Qaeda a las Torres Gemelas y al Pentágono. Hasta esa fecha, nadie pudo sospechar que un grupo reducido de personas, provistos de herramientas de marquetería rudimentarias, pudiesen poner en tela de juicio toda la estrategia militar y policial que garantizaba la seguridad del gigante mundial.
Desde entonces y hasta hoy, en tan poco tiempo, el panorama de la seguridad internacional se convulsionó de tal forma que no hay estado o nación que no desarrollase una estrategia propia de seguridad, tendente a combatir amenazas globalizadas. España también la ha desarrollado y publicado.
Decía Hobbes en su Leviatán que lo único que podría poner freno al “todos contra todos” (bellum erga omnes), propio de una convivencia natural, es el Estado y la Ley, ambos como contrato social.
Poco podía pensar el veterano filósofo del s. XVII que los Estados pasarían de representar una garantía para los ciudadanos a constituirse, en muchos casos, en una amenaza para los intereses de algunos.
En materia de amenazas, los Estados tienen la sagrada misión constitucional de la defensa de sus fronteras tradicionales, conocidas, admitidas por todos e infranqueables, so pena de reacción inmediata de sus ejércitos. Ahora, por sorpresa, los Estados están viendo como sus fronteras físicas no sirven porque la tecnología permite acciones transfronterizas, en esa mezcla del mundo real/virtual que Gibson, en su novela Neuromante, llamó, por primera vez, “Ciberespacio”.
A ello ha contribuido de una forma poderosa y determinante la aparición de las denominadas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), capaces de generar conocimiento y hacer que éste se traslade, de forma casi instantánea, sin tener en cuenta cuantas fronteras tradicionales debe sobrevolar.
Los Estados, pues, se preparan para defender a sus ciudadanos, -igual que antes, pero variando la concepción tradicional en un nuevo mundo globalizado-. El modelo tradicional está en plena transición, reorganizándose estratégicamente para combatir amenazas en un nuevo orden internacional, en el que defender al Estado es defender a las industrias del mismo, sin perjuicio de si éstas están localizadas dentro o fuera de las fronteras físicas (las viejas fronteras).
En este nuevo escenario, el Gobierno de España ha desarrollado la “Estrategia Nacional de Seguridad”, que vio la luz tras el Consejo de Ministro celebrado el pasado día de San Juan (24 de junio).
A este documento le precedieron otros de gran relevancia que los profesionales de la seguridad deben conocer en profundidad, ya que el futuro de la profesión pasa por ellos. Me refiero al Libro Verde, editado por la U.E., a la Ley 8/2011 y al Reglamento que la desarrolla. En ellos se definen los conceptos básicos de la protección de las infraestructuras críticas y se imparten las directrices que posibilitarán una cohesión entre lo público y lo privado, entre ejércitos, policía y unidades de seguridad privada, como garantía y compromiso de todos en aras a la seguridad como bien colectivo.
Cuadros_robados_EscorialSe trata de un reconocimiento expreso de la madurez alcanzada por el Sector de Seguridad Privada, al que, por primera vez, el Estado confiere competencias hasta la fecha reservadas, de forma exclusiva y excluyente, a los Ejércitos y a las Fuerzas del Orden Público.
Tenemos ante nosotros un reto para el que debemos prepararnos, partiendo del convencimiento pleno de que, más pronto que tarde, las amenazas dibujadas se harán presentes.
Qué define la nueva EES
Garantizar la seguridad de España y de sus habitantes y ciudadanos es responsabilidad esencial del Gobierno y del conjunto de las Administraciones Públicas, de las empresas y profesionales que se dedican a ello pero, al fin y a la postre, también de la sociedad en cada uno de sus individuos. La seguridad es hoy, por lo tanto, responsabilidad de todos: instituciones, empresas, profesionales y ciudadano.
En un mundo interdependiente y en vertiginosa transformación, en el que convergen la peor crisis económica en más de 80 años y un desplazamiento del marco de poder económico de Occidente a Asia, la seguridad es una tarea ardua, compleja.
Afrontamos amenazas y riesgos transversales, interconectados y transnacionales; y precisamos por ello de un esfuerzo añadido de coordinación, tanto internacional como interna, así como de la contribución de la sociedad en su conjunto.
Los límites entre la seguridad interior y la seguridad exterior se han difuminado. Las políticas nacionales en los ámbitos tradicionales de la seguridad ya no son suficientes para salvaguardarla en el siglo XXI. Sólo un enfoque integral, que conciba la seguridad de manera amplia e interdisciplinar, a nivel nacional, europeo e internacional, puede responder a los complejos retos a los que nos enfrentamos.
Analizar las amenazas y riesgos a nuestra seguridad, identificar líneas de respuesta y definir mecanismos de coordinación son los objetivos centrales de esta primera Estrategia Española de Seguridad (EES). El horizonte útil de la Estrategia es de una década. Se revisará cada cinco años o cuando las circunstancias lo demanden.
La política de seguridad estará basada en seis conceptos básicos:
Enfoque integral de las diversas dimensiones de la seguridad.
Coordinación entre las Administraciones Públicas y con la sociedad.
Eficiencia en el uso de los recursos.
Anticipación y prevención de las amenazas y riesgos.
Resistencia y recuperación de sistemas e instrumentos.
Interdependencia responsable con nuestros socios y aliados.
Esta Estrategia se ha concebido con una perspectiva nacional, europea, internacional y global, y desde la condición de España de potencia media con un perfil propio e importantes ventajas comparativas. Nuestra capacidad de acción se ve reforzada por la pertenencia a una Unión Europea (UE) afín a nuestros intereses y nuestro reconocimiento como país comprometido con un multilateralismo eficaz. Tenemos intereses globales que defender y amenazas y riesgos transnacionales que afrontar. Muchos de éstos surgirán en el exterior.
Para preservar nuestra seguridad en ocasiones tendremos que implicarnos en acciones lejos de nuestras fronteras.
Las disfunciones de la globalización, los desequilibrios demográficos, la pobreza y la desigualdad, el cambio climático, los peligros tecnológicos, y las ideologías radicales y no democráticas, son todos factores transnacionales que pueden potenciar los efectos de las amenazas y riesgos e incluso cambian su naturaleza.
Esta Estrategia identifica las amenazas y riesgos más importantes para la seguridad de nuestro país y señala cómo responder a ellas. Pueden tener lugar en diferentes ámbitos donde hay que actuar: el terrestre, el marítimo, el aéreo, el espacial, el ciberespacio o el informativo. Este análisis constituye la base sobre la que formular líneas estratégicas de respuesta y desarrollar capacidades y acometer reformas organizativas.
La Estrategia identifica las siguientes amenazas y riesgos, y líneas de acción para hacerles frente:
Conflictos armados. España puede tener que participar en tres tipos de conflictos frente a los que el papel de las Fuerzas Armadas es central: los no compartidos con nuestros aliados; los multilaterales que afecten a intereses directos de España; y los derivados de nuestros compromisos internacionales en marcos multilaterales que no afecten directamente a nuestros intereses. La defensa de nuestros intereses y valores es el eje básico que ha de guiar los esfuerzos de España en este campo, desde la triple perspectiva de la anticipación y prevención de conflictos, su gestión y resolución, y la posterior consolidación de la paz. Para ello, España apuesta por un enfoque integral que incluya los elementos diplomáticos, militares, policiales y de cooperación al desarrollo, entre otros. Para facilitar este fin, se creará una Unidad de Respuesta Integrada Exterior (URIE).
Recurso_2Terrorismo. El terrorismo amenaza directamente la seguridad de todos los ciudadanos, pretende socavar las instituciones democráticas y puede llegar a causar graves daños en nuestras infraestructuras críticas en un momento determinado. El de ETA ha sido una lacra para España a lo largo de 40 años, pero la madurez y unidad de la sociedad española y la eficacia policial y judicial nos han llevado a un momento en el que el final de ETA está más cerca que nunca. El terrorismo transnacional, señaladamente el yihadista, aprovecha las características de la nueva sociedad global para intentar perturbar su normal funcionamiento. Aunque ninguno representa una amenaza existencial para el Estado, prevenir, impedir y derrotar el terrorismo es objetivo prioritario nacional, europeo e internacional. Para ello es necesaria una respuesta estratégica específica e integrada, desde el respeto a los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Sus ejes son la anticipación, la prevención, la protección, y la disponibilidad de los medios, la unión de los partidos democráticos, el apoyo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, y la cooperación internacional.
Crimen organizado. Es una de las amenazas a nuestra seguridad más serias y a veces menos reconocidas. Su creciente interrelación con el terrorismo, los grupos violentos y la delincuencia local hace que todos ellos se potencien entre sí. Para responder a esta amenaza se ha de trabajar en una triple dirección: incrementar los efectivos y los medios, continuar desarrollando una legislación efectiva en este ámbito, y mejorar la coordinación entre organismos nacionales e internacionales. Con ese fin, se ha potenciado el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO).
Inseguridad económica y financiera. La seguridad económica es parte integral y requisito esencial de nuestra seguridad. Las amenazas y riesgos relacionados con la actividad económica y financiera pueden tener su origen en factores como los desequilibrios macroeconómicos –públicos o privados-, la volatilidad de los mercados, la actuación desestabilizadora, especuladora e incluso ilegal de diversos agentes, la deficiente actuación de los organismos supervisores y reguladores, la interdependencia económica, la competencia por los recursos o un modelo de crecimiento desequilibrado. Tanto la prevención como la mitigación de sus efectos requiere luchar contra las actividades delictivas, asegurar una correcta supervisión y regulación de los mercados, avanzar en la gobernanza económica europea y global, potenciar la presencia internacional de España, garantizar el funcionamiento de los servicios e infraestructuras críticos económicos y financieros, y promover un desarrollo económico sostenible que minimice los desequilibrios y garantice el crecimiento económico y la cohesión social. Con el fin de analizar la información relevante y facilitar la acción del Estado mediante una mejor toma de decisiones en este ámbito, se creará un Sistema de Inteligencia Económica (SIE).
Vulnerabilidad energética. Nuestra alta dependencia de combustibles fósiles y la insostenibilidad del actual modelo energético a nivel mundial, por razones medioambientales, entre otras, hacen del factor energético un componente fundamental para nuestra seguridad. Los ejes de acción de la seguridad energética son: la diversificación de las fuentes de energía; el ahorro y la eficiencia energética, con el doble objetivo de reducir la dependencia exterior y mejorar nuestra competitividad económica; y la seguridad de abastecimiento a un precio razonable, limitando la cuota procedente de un mismo país, desarrollando reservas estratégicas, fomentando las interconexiones, impulsando infraestructuras y liberalizando mercados. La mejor garantía de abastecimiento y seguridad energética para España es un mercado europeo integrado de electricidad y gas natural.
Proliferación de armas de destrucción masiva. La proliferación de armas nucleares, radiológicas, biológicas o químicas, es una de las grandes amenazas de nuestra era, especialmente si agentes incontrolados, como las organizaciones terroristas, consiguen acceder a ellas y utilizarlas. Prevenirla y neutralizarla exige un intenso trabajo multidisciplinar. España apoya las diferentes iniciativas internacionales en esa dirección, como el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y crear una capacidad de defensa colectiva adecuada contra la proliferación de misiles balísticos.
Ciberamenazas. Cada vez una mayor parte de nuestra actividad se desarrolla en el ciberespacio, donde las amenazas pueden ocasionar graves daños e incluso podrían paralizar la actividad de un país. Los ciberataques más comunes tienen fines comerciales, pero también estamos expuestos a agresiones por parte de grupos criminales, terroristas u otros, incluso de Estados. Las nuevas tecnologías de información y comunicación ofrecen nuevos y más sofisticados medios para el espionaje y la contrainteligencia. Mejorar la seguridad en el ciberespacio pasa por fortalecer la legislación, reforzar la capacidad de resistencia y recuperación de los sistemas de gestión y comunicación de las infraestructuras y los servicios críticos, y por fomentar la colaboración público-privada con este fin. Es necesaria la coordinación de los diversos agentes involucrados, así como impulsar la cooperación internacional con el objetivo de desarrollar acuerdos de control de las ciberamenazas.
Flujos migratorios no controlados. El impacto de la inmigración masiva e ilegal puede generar conflictividad social, guetos urbanos por falta de integración -donde la radicalización extremista, religiosa o ideológica, puede tener su caldo de cultivo-, explotación económica por parte de organizaciones criminales o la desestabilización de algunos sectores productivos. La prevención de los riesgos asociados a este fenómeno pasa por la colaboración entre Administraciones Públicas, organizaciones sociales y sector privado para desarrollar políticas adecuadas de inmigración regular e integración social. También por fortalecer la cooperación con los países de origen y tránsito, el control y vigilancia de las fronteras y la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos.
Emergencias y catástrofes. Las amenazas y riesgos causadas por el hombre o de origen natural -potenciadas por el cambio climático-, los problemas sanitarios como las pandemias o la escasez de recursos básicos como el agua en un momento determinado pueden convertirse en riesgos de primer orden para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. España tiene suficientes medios preventivos y de gestión para responder adecuadamente, como el Sistema Nacional de Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME). El perfeccionamiento de nuestra capacidad de respuesta requiere intensificar la cooperación entre las Administraciones Públicas y promover una cultura de prevención entre los ciudadanos.
De especial importancia es la seguridad de las infraestructuras, suministros y servicios críticos. Es preciso garantizar su funcionamiento y capacidad de resistencia y recuperación ante posibles amenazas. La colaboración con el sector privado -gestor ya de muchas de ellas- debe ser potenciada.
Todo lo que antecede pone de relieve la necesidad de adaptación orgánica y normativa de las Administraciones Públicas para responder a las exigencias de esta Estrategia. Con ese fin, se creará un Consejo Español de Seguridad que incorporará a los Ministros y altos cargos relevantes para cada situación. Contará con diferentes comisiones interministeriales que desarrollarán las áreas concretas de trabajo, y con una Unidad de Apoyo en el seno del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Se promoverá la cooperación con las Comunidades Autónomas. También se impulsará un Foro Social de expertos como órgano consultivo. Se actualizarán los instrumentos normativos necesarios, especialmente en lo referente a la gestión de las situaciones de crisis, la protección civil, los secretos oficiales y el planeamiento frente a emergencias y catástrofes.
Andrés Martín Ludeña
Director de Seguridad de Caixa Galicia
Inspector del Cuerpo Nacional de Policía
Presidente de la Asociación para la Seguridad del Patrimonio Histórico Protecturi
Fuente: protecturi.org
Fecha: Septiembre 2011
Desde entonces y hasta hoy, en tan poco tiempo, el panorama de la seguridad internacional se convulsionó de tal forma que no hay estado o nación que no desarrollase una estrategia propia de seguridad, tendente a combatir amenazas globalizadas. España también la ha desarrollado y publicado.
Decía Hobbes en su Leviatán que lo único que podría poner freno al “todos contra todos” (bellum erga omnes), propio de una convivencia natural, es el Estado y la Ley, ambos como contrato social.
Poco podía pensar el veterano filósofo del s. XVII que los Estados pasarían de representar una garantía para los ciudadanos a constituirse, en muchos casos, en una amenaza para los intereses de algunos.
En materia de amenazas, los Estados tienen la sagrada misión constitucional de la defensa de sus fronteras tradicionales, conocidas, admitidas por todos e infranqueables, so pena de reacción inmediata de sus ejércitos. Ahora, por sorpresa, los Estados están viendo como sus fronteras físicas no sirven porque la tecnología permite acciones transfronterizas, en esa mezcla del mundo real/virtual que Gibson, en su novela Neuromante, llamó, por primera vez, “Ciberespacio”.
A ello ha contribuido de una forma poderosa y determinante la aparición de las denominadas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), capaces de generar conocimiento y hacer que éste se traslade, de forma casi instantánea, sin tener en cuenta cuantas fronteras tradicionales debe sobrevolar.
Los Estados, pues, se preparan para defender a sus ciudadanos, -igual que antes, pero variando la concepción tradicional en un nuevo mundo globalizado-. El modelo tradicional está en plena transición, reorganizándose estratégicamente para combatir amenazas en un nuevo orden internacional, en el que defender al Estado es defender a las industrias del mismo, sin perjuicio de si éstas están localizadas dentro o fuera de las fronteras físicas (las viejas fronteras).
En este nuevo escenario, el Gobierno de España ha desarrollado la “Estrategia Nacional de Seguridad”, que vio la luz tras el Consejo de Ministro celebrado el pasado día de San Juan (24 de junio).
A este documento le precedieron otros de gran relevancia que los profesionales de la seguridad deben conocer en profundidad, ya que el futuro de la profesión pasa por ellos. Me refiero al Libro Verde, editado por la U.E., a la Ley 8/2011 y al Reglamento que la desarrolla. En ellos se definen los conceptos básicos de la protección de las infraestructuras críticas y se imparten las directrices que posibilitarán una cohesión entre lo público y lo privado, entre ejércitos, policía y unidades de seguridad privada, como garantía y compromiso de todos en aras a la seguridad como bien colectivo.
Cuadros_robados_EscorialSe trata de un reconocimiento expreso de la madurez alcanzada por el Sector de Seguridad Privada, al que, por primera vez, el Estado confiere competencias hasta la fecha reservadas, de forma exclusiva y excluyente, a los Ejércitos y a las Fuerzas del Orden Público.
Tenemos ante nosotros un reto para el que debemos prepararnos, partiendo del convencimiento pleno de que, más pronto que tarde, las amenazas dibujadas se harán presentes.
Qué define la nueva EES
Garantizar la seguridad de España y de sus habitantes y ciudadanos es responsabilidad esencial del Gobierno y del conjunto de las Administraciones Públicas, de las empresas y profesionales que se dedican a ello pero, al fin y a la postre, también de la sociedad en cada uno de sus individuos. La seguridad es hoy, por lo tanto, responsabilidad de todos: instituciones, empresas, profesionales y ciudadano.
En un mundo interdependiente y en vertiginosa transformación, en el que convergen la peor crisis económica en más de 80 años y un desplazamiento del marco de poder económico de Occidente a Asia, la seguridad es una tarea ardua, compleja.
Afrontamos amenazas y riesgos transversales, interconectados y transnacionales; y precisamos por ello de un esfuerzo añadido de coordinación, tanto internacional como interna, así como de la contribución de la sociedad en su conjunto.
Los límites entre la seguridad interior y la seguridad exterior se han difuminado. Las políticas nacionales en los ámbitos tradicionales de la seguridad ya no son suficientes para salvaguardarla en el siglo XXI. Sólo un enfoque integral, que conciba la seguridad de manera amplia e interdisciplinar, a nivel nacional, europeo e internacional, puede responder a los complejos retos a los que nos enfrentamos.
Analizar las amenazas y riesgos a nuestra seguridad, identificar líneas de respuesta y definir mecanismos de coordinación son los objetivos centrales de esta primera Estrategia Española de Seguridad (EES). El horizonte útil de la Estrategia es de una década. Se revisará cada cinco años o cuando las circunstancias lo demanden.
La política de seguridad estará basada en seis conceptos básicos:
Enfoque integral de las diversas dimensiones de la seguridad.
Coordinación entre las Administraciones Públicas y con la sociedad.
Eficiencia en el uso de los recursos.
Anticipación y prevención de las amenazas y riesgos.
Resistencia y recuperación de sistemas e instrumentos.
Interdependencia responsable con nuestros socios y aliados.
Esta Estrategia se ha concebido con una perspectiva nacional, europea, internacional y global, y desde la condición de España de potencia media con un perfil propio e importantes ventajas comparativas. Nuestra capacidad de acción se ve reforzada por la pertenencia a una Unión Europea (UE) afín a nuestros intereses y nuestro reconocimiento como país comprometido con un multilateralismo eficaz. Tenemos intereses globales que defender y amenazas y riesgos transnacionales que afrontar. Muchos de éstos surgirán en el exterior.
Para preservar nuestra seguridad en ocasiones tendremos que implicarnos en acciones lejos de nuestras fronteras.
Las disfunciones de la globalización, los desequilibrios demográficos, la pobreza y la desigualdad, el cambio climático, los peligros tecnológicos, y las ideologías radicales y no democráticas, son todos factores transnacionales que pueden potenciar los efectos de las amenazas y riesgos e incluso cambian su naturaleza.
Esta Estrategia identifica las amenazas y riesgos más importantes para la seguridad de nuestro país y señala cómo responder a ellas. Pueden tener lugar en diferentes ámbitos donde hay que actuar: el terrestre, el marítimo, el aéreo, el espacial, el ciberespacio o el informativo. Este análisis constituye la base sobre la que formular líneas estratégicas de respuesta y desarrollar capacidades y acometer reformas organizativas.
La Estrategia identifica las siguientes amenazas y riesgos, y líneas de acción para hacerles frente:
Conflictos armados. España puede tener que participar en tres tipos de conflictos frente a los que el papel de las Fuerzas Armadas es central: los no compartidos con nuestros aliados; los multilaterales que afecten a intereses directos de España; y los derivados de nuestros compromisos internacionales en marcos multilaterales que no afecten directamente a nuestros intereses. La defensa de nuestros intereses y valores es el eje básico que ha de guiar los esfuerzos de España en este campo, desde la triple perspectiva de la anticipación y prevención de conflictos, su gestión y resolución, y la posterior consolidación de la paz. Para ello, España apuesta por un enfoque integral que incluya los elementos diplomáticos, militares, policiales y de cooperación al desarrollo, entre otros. Para facilitar este fin, se creará una Unidad de Respuesta Integrada Exterior (URIE).
Recurso_2Terrorismo. El terrorismo amenaza directamente la seguridad de todos los ciudadanos, pretende socavar las instituciones democráticas y puede llegar a causar graves daños en nuestras infraestructuras críticas en un momento determinado. El de ETA ha sido una lacra para España a lo largo de 40 años, pero la madurez y unidad de la sociedad española y la eficacia policial y judicial nos han llevado a un momento en el que el final de ETA está más cerca que nunca. El terrorismo transnacional, señaladamente el yihadista, aprovecha las características de la nueva sociedad global para intentar perturbar su normal funcionamiento. Aunque ninguno representa una amenaza existencial para el Estado, prevenir, impedir y derrotar el terrorismo es objetivo prioritario nacional, europeo e internacional. Para ello es necesaria una respuesta estratégica específica e integrada, desde el respeto a los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Sus ejes son la anticipación, la prevención, la protección, y la disponibilidad de los medios, la unión de los partidos democráticos, el apoyo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, y la cooperación internacional.
Crimen organizado. Es una de las amenazas a nuestra seguridad más serias y a veces menos reconocidas. Su creciente interrelación con el terrorismo, los grupos violentos y la delincuencia local hace que todos ellos se potencien entre sí. Para responder a esta amenaza se ha de trabajar en una triple dirección: incrementar los efectivos y los medios, continuar desarrollando una legislación efectiva en este ámbito, y mejorar la coordinación entre organismos nacionales e internacionales. Con ese fin, se ha potenciado el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO).
Inseguridad económica y financiera. La seguridad económica es parte integral y requisito esencial de nuestra seguridad. Las amenazas y riesgos relacionados con la actividad económica y financiera pueden tener su origen en factores como los desequilibrios macroeconómicos –públicos o privados-, la volatilidad de los mercados, la actuación desestabilizadora, especuladora e incluso ilegal de diversos agentes, la deficiente actuación de los organismos supervisores y reguladores, la interdependencia económica, la competencia por los recursos o un modelo de crecimiento desequilibrado. Tanto la prevención como la mitigación de sus efectos requiere luchar contra las actividades delictivas, asegurar una correcta supervisión y regulación de los mercados, avanzar en la gobernanza económica europea y global, potenciar la presencia internacional de España, garantizar el funcionamiento de los servicios e infraestructuras críticos económicos y financieros, y promover un desarrollo económico sostenible que minimice los desequilibrios y garantice el crecimiento económico y la cohesión social. Con el fin de analizar la información relevante y facilitar la acción del Estado mediante una mejor toma de decisiones en este ámbito, se creará un Sistema de Inteligencia Económica (SIE).
Vulnerabilidad energética. Nuestra alta dependencia de combustibles fósiles y la insostenibilidad del actual modelo energético a nivel mundial, por razones medioambientales, entre otras, hacen del factor energético un componente fundamental para nuestra seguridad. Los ejes de acción de la seguridad energética son: la diversificación de las fuentes de energía; el ahorro y la eficiencia energética, con el doble objetivo de reducir la dependencia exterior y mejorar nuestra competitividad económica; y la seguridad de abastecimiento a un precio razonable, limitando la cuota procedente de un mismo país, desarrollando reservas estratégicas, fomentando las interconexiones, impulsando infraestructuras y liberalizando mercados. La mejor garantía de abastecimiento y seguridad energética para España es un mercado europeo integrado de electricidad y gas natural.
Proliferación de armas de destrucción masiva. La proliferación de armas nucleares, radiológicas, biológicas o químicas, es una de las grandes amenazas de nuestra era, especialmente si agentes incontrolados, como las organizaciones terroristas, consiguen acceder a ellas y utilizarlas. Prevenirla y neutralizarla exige un intenso trabajo multidisciplinar. España apoya las diferentes iniciativas internacionales en esa dirección, como el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y crear una capacidad de defensa colectiva adecuada contra la proliferación de misiles balísticos.
Ciberamenazas. Cada vez una mayor parte de nuestra actividad se desarrolla en el ciberespacio, donde las amenazas pueden ocasionar graves daños e incluso podrían paralizar la actividad de un país. Los ciberataques más comunes tienen fines comerciales, pero también estamos expuestos a agresiones por parte de grupos criminales, terroristas u otros, incluso de Estados. Las nuevas tecnologías de información y comunicación ofrecen nuevos y más sofisticados medios para el espionaje y la contrainteligencia. Mejorar la seguridad en el ciberespacio pasa por fortalecer la legislación, reforzar la capacidad de resistencia y recuperación de los sistemas de gestión y comunicación de las infraestructuras y los servicios críticos, y por fomentar la colaboración público-privada con este fin. Es necesaria la coordinación de los diversos agentes involucrados, así como impulsar la cooperación internacional con el objetivo de desarrollar acuerdos de control de las ciberamenazas.
Flujos migratorios no controlados. El impacto de la inmigración masiva e ilegal puede generar conflictividad social, guetos urbanos por falta de integración -donde la radicalización extremista, religiosa o ideológica, puede tener su caldo de cultivo-, explotación económica por parte de organizaciones criminales o la desestabilización de algunos sectores productivos. La prevención de los riesgos asociados a este fenómeno pasa por la colaboración entre Administraciones Públicas, organizaciones sociales y sector privado para desarrollar políticas adecuadas de inmigración regular e integración social. También por fortalecer la cooperación con los países de origen y tránsito, el control y vigilancia de las fronteras y la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos.
Emergencias y catástrofes. Las amenazas y riesgos causadas por el hombre o de origen natural -potenciadas por el cambio climático-, los problemas sanitarios como las pandemias o la escasez de recursos básicos como el agua en un momento determinado pueden convertirse en riesgos de primer orden para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. España tiene suficientes medios preventivos y de gestión para responder adecuadamente, como el Sistema Nacional de Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME). El perfeccionamiento de nuestra capacidad de respuesta requiere intensificar la cooperación entre las Administraciones Públicas y promover una cultura de prevención entre los ciudadanos.
De especial importancia es la seguridad de las infraestructuras, suministros y servicios críticos. Es preciso garantizar su funcionamiento y capacidad de resistencia y recuperación ante posibles amenazas. La colaboración con el sector privado -gestor ya de muchas de ellas- debe ser potenciada.
Todo lo que antecede pone de relieve la necesidad de adaptación orgánica y normativa de las Administraciones Públicas para responder a las exigencias de esta Estrategia. Con ese fin, se creará un Consejo Español de Seguridad que incorporará a los Ministros y altos cargos relevantes para cada situación. Contará con diferentes comisiones interministeriales que desarrollarán las áreas concretas de trabajo, y con una Unidad de Apoyo en el seno del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Se promoverá la cooperación con las Comunidades Autónomas. También se impulsará un Foro Social de expertos como órgano consultivo. Se actualizarán los instrumentos normativos necesarios, especialmente en lo referente a la gestión de las situaciones de crisis, la protección civil, los secretos oficiales y el planeamiento frente a emergencias y catástrofes.
Andrés Martín Ludeña
Director de Seguridad de Caixa Galicia
Inspector del Cuerpo Nacional de Policía
Presidente de la Asociación para la Seguridad del Patrimonio Histórico Protecturi
Fuente: protecturi.org
Fecha: Septiembre 2011
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