Carlos Blanco Pasamontes, presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER)
Carlos Blanco asumió en junio la presidencia de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) en el contexto más difícil posible para las empresas. Desde su punto de vista, en momentos como este, además de hacer una gestión “prudente” hay que apostar por estrategias de especialización que aporten un valor añadido a la oferta de las compañías. Todo ello, matiza, desde “un estricto respeto a la normativa legal en vigor”.
Junto a la recuperación económica de las empresas, la reforma de la legislación del sector es una prioridad para Blanco. Pese a reconocer el avance que ha supuesto la entrada en vigor de las Órdenes Ministeriales, este profesional, militar superior de carrera con más de 30 años de experiencia, considera que habría que ir más allá reformulando la propia Ley de Seguridad Privada.
Carlos Blanco conversa en su despacho con Ana Borredá, directora de Seguritecnia- ¿Qué objetivos se ha propuesto alcanzar durante su permanencia en el cargo?
Los objetivos de la asociación, que están marcados por la asamblea general, son: defender la actuación de nuestras empresas en el mercado de acuerdo con criterios de estricto respeto a la legalidad, ahondar en un mayor reconocimiento social de los profesionales del sector, trasladar al mercado los parámetros objetivos diferenciadores de las compañías asociadas y consolidar un marco laboral acorde con la realidad social y económica por la que atraviesa España.
- Para llevarlos a cabo, ¿cuáles son las principales iniciativas que va a impulsar?
Al margen de la permanente actuación en el seno de las organizaciones autonómicas, nacionales e internacionales de las que somos miembros activos (CEOE, CoESS, AENOR, entre otras) y de nuestra lógica posición impulsora de la negociación colectiva sectorial, APROSER ha trabajado intensamente en los últimos meses en una especificación técnica para los miembros asociados. En ella se definen principios y requisitos de actuación en relación con nuestros clientes, nuestros trabajadores y la sociedad en su conjunto.
APROSER es y pretende seguir siendo el referente tanto en la difusión de información económica como en la percepción por parte de la ciudadanía de los servicios de nuestros profesionales.
- La presidencia le ha llegado en un momento delicado para las compañías del sector por la mala situación económica. ¿Cuáles cree que son las prioridades actuales para reducir el impacto de la crisis sobre las empresas?
Sin duda vivimos un momento extremadamente complicado. Nuestra cifra de facturación sigue una línea descendente, por lo que tanto las horas de servicio como los márgenes comerciales han experimentado importantes descensos. De acuerdo con nuestras previsiones, la dimensión del mercado de la seguridad privada española será a finales de este año similar a la de 2005.
Las recetas para afrontar esta situación son bien conocidas por todos. Es preciso gestionar con extremada prudencia, reduciendo los costes en todas aquellas partidas en que sea posible. También hay que ahondar en estrategias de segmentación (especialización) como medio de incrementar el valor añadido proporcionado a nuestros clientes.
Todo ello hay que hacerlo compatible con un estricto respeto tanto de la normativa legal en vigor como, muy especialmente, de las obligaciones tributarias y del marco laboral aplicable. Lo que no sea esto implica incidir en prácticas de intrusismo y competencia desleal, que constituyen un grave daño para el sector.
- ¿Cree que, una vez haya mejorado la situación, se podrán volver a recuperar los niveles de facturación anteriores?
Probablemente será muy complicado alcanzar niveles de crecimiento análogos a los que experimentó el sector durante más de una década; por la simple razón de que la economía española, a cuyos niveles de crecimiento estamos directamente ligados, muy difícilmente va a lograrlos. Esto no es óbice para que creamos que, al margen del crecimiento de nuestras cifras (que esperemos se una a este crecimiento general), podamos explorar nuevos nichos de mercado dentro de un contexto general de restricción del peso del Estado. Podemos y debemos estar ahí, desde la legitimidad que implica la muy positiva valoración que, en general, hacen los ciudadanos de nuestra presencia en cada vez más entornos.
- APROSER realiza anualmente un estudio sobre el mercado de la seguridad privada en España. ¿Qué resultados iniciales poseen acerca del año 2011?
Es todavía pronto para precisar las cifras posibles de cierre del año 2011, pero creo que no me equivocaré en demasía si apunto que nuestra facturación disminuirá probablemente entre un cuatro y un cinco por ciento en relación con el año 2010.
- Al margen de lo económico, ¿cuáles destacaría como los principales problemas del sector de la Seguridad Privada en España?
Me parece injusto abordar una valoración de la Seguridad Privada en España exclusivamente desde la perspectiva de los problemas. Quienes estamos integrados en el sector desde hace 20 años no podríamos ni imaginar la muy variada tipología de servicios que prestamos, el volumen importante de empleo generado y nuestra importante contribución a la percepción subjetiva de seguridad por los ciudadanos.
Hay cuestiones que abordar; sin duda. Aunque casi el 80 por ciento de los ciudadanos tenga una opinión positiva de los profesionales de la seguridad privada, es preciso seguir avanzando en el reconocimiento social de los vigilantes.
Vivimos, por otra parte, en un marco normativo que, en lo que atiende a la Ley [de Seguridad Privada] y su norma básica de desarrollo, no ha variado significativamente en 20 años. Es una ley que nació desde la perspectiva de una intensa supervisión pública sobre las empresas, y que, debido a la técnica legislativa utilizada, no ha permitido los márgenes de flexibilidad que hubieran hecho posible el desarrollo más eficaz de nuestras funciones. Hablo de reconsiderar el sacrosanto principio de la limitación de la actuación en la vía pública, de las funciones de los vigilantes de seguridad o de los propios requisitos de nacionalidad en el acceso a la profesión.
Por supuesto, creemos que es precisa una lucha todavía más decidida no solo frente al intrusismo, en el que se han dado importantes pasos, sino muy especialmente frente a la competencia desleal, que implica una necesaria coordinación entre diversas administraciones para impedir que sigan existiendo empresas que basan su competitividad en un flagrante incumplimiento de la Ley. Y aún más, ¡qué ganen concursos convocados por la misma Administración a la que defraudan!
No puedo tampoco olvidar la necesaria reconsideración de nuestro marco laboral en atención al contexto económico y a la normativa laboral actualmente en vigor.
- ¿Por dónde cree que pasan las soluciones a todos estos asuntos?
Hay cuestiones donde la voz unánime de los agentes más claramente representativos del sector, tanto por parte de los clientes como de los trabajadores y proveedores, es esencial. Al tiempo, no declinamos nuestra especial responsabilidad –la de APROSER como representante de las empresas que prestan el 75 por ciento de los servicios de seguridad privada en España–, a veces diluida en un sector caracterizado por una excesiva multiplicidad de actores.
De ahí nuestro esfuerzo de diferenciación sobre la base de parámetros objetivos. Porque la mejora de la calidad de nuestros servicios tiene un impacto decisivo en aquellos segmentos que, al exigir proveedores especialmente cualificados, tienen una mayor incidencia en la opinión pública. Nuestros vigilantes son los mejores embajadores posibles de nuestra actuación. Eso es lo que legitima nuestra actuación en nuevos ámbitos y la solicitud de ayuda a las administraciones públicas en el combate frente a la ilegalidad.
- Parece que la entrada en vigor de las nuevas órdenes ministeriales representará un punto de inflexión para el sector, al menos para la próxima década con respecto a las anteriores. ¿Qué aspectos de los contenidos en estas órdenes destacaría por encima del resto?
Las nuevas órdenes suponen un paso importante al integrar la normalización en nuestro marco legal, y muy especialmente por adoptar una técnica legislativa flexible que permitirá su adaptación en el tiempo. La actuación de las empresas presentes en el segmento de sistemas y alarmas ve sin duda modificados muy significativamente sus parámetros de actuación, y esperamos que sea para bien.
Como en todo proceso de reforma, hay aspectos que compartimos más y otras cuestiones que probablemente hubieran podido abordarse de forma alternativa, atendiendo al coste derivado de su implantación.
Confiamos en que impere la racionalidad y el sentido común en su proceso de implantación.
Sin embargo, quiero volver en todo caso a la reflexión inicial de que, frente a las necesidades de la rama tecnológica de la industria, que pueden quedar cubiertas por las Órdenes Ministeriales, el sector todavía necesita una renovación en profundidad que permita delimitar dónde vamos a estar en 10 ó 15 años. Dicho cambio lleva aparejado una necesaria reforma legal, que vamos a impulsar desde nuestra asociación.
- Estas normas pretenden reforzar la seguridad jurídica de los profesionales de la seguridad privada. En ese sentido, se ha incrementado la protección del vigilante ya que, aunque no se le reconoce expresamente como “agente de la autoridad”, de las órdenes se interpreta que ahora esta figura estará más amparada por la ley. ¿Cree que los pasos que se han dado en ese sentido son suficientes?
Es uno de los aspectos más importantes de las Órdenes Ministeriales, que coincide plenamente con la posición de nuestra asociación en cuanto a potenciar las garantías jurídicas con que cuentan nuestros vigilantes en su actuación cotidiana.
Es preciso esperar a ver la interpretación que los jueces y tribunales hacen de esta nueva disposición. Bienvenida sin duda alguna.
Pero en todo caso, no hay que olvidar que solo una reforma de índole legal que plasme este principio para todas o algunas de las categorías o ámbitos de actuación de los vigilantes podrá permitir garantizar plenamente la protección como agente de la autoridad de nuestros profesionales.
Es preciso señalar que esta cuestión debe abordarse siempre desde una reflexión profunda de los pros y contras que implica la consideración como agente de autoridad. Mayor protección y mayor responsabilidad. Algo que parece coherente y asumible por parte de la ciudadanía. Más protección al vigilante en su desempeño, pero mayor agravamiento de una eventual actuación inadecuada.
- ¿Considera que además se ha reforzado la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con estas disposiciones?
La colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es una realidad en nuestro sector desde hace muchos años que no tenía por qué materializarse en una norma. Colaboración que en todo caso se ha visto reforzada por los programas impulsados por los distintos Cuerpos policiales en los últimos años. Son programas que no pueden sino valorarse muy positivamente, en la medida que permiten dar un paso más allá sobre una colaboración fundamentada exclusivamente en las actitudes personales de los responsables de la seguridad pública y privada que realizaban su desempeño profesional en un entorno concreto.
Estamos dispuestos a poner todos nuestros esfuerzos en potenciar la colaboración porque somos conscientes de nuestra contribución indirecta al conjunto de la sociedad en nuestra función de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero permítame también decir con claridad que nuestras empresas no son organizaciones sin ánimo de lucro, que nuestro objetivo primordial es aportar valor para nuestros accionistas, que obtengan un beneficio lícito, ya que de otro modo buscarán posibilidades alternativas de inversión.
En el actual contexto de reducción de las estructuras de las corporaciones, es preciso comprender los límites que tiene nuestra actuación, en especial cuando la hiperregulación de nuestro sector nos obliga en no pocas ocasiones a incurrir en importantes cargas burocráticas.
Todo ello sin olvidar el papel esencial que en esta materia desempeñan y deben desempeñar los departamentos de Seguridad de nuestros usuarios.
- ¿En qué aspectos opina que habría que seguir trabajando para mejorar la relación entre la seguridad pública y la privada?
La confianza y el respeto mutuo son esenciales. No hay que olvidar la paradoja que supone el establecimiento de líneas de colaboración con quien no deja de constituir la autoridad de inspección y sanción.
Al tiempo, el reconocimiento y premio a la labor del sector, y más en concreto la de los vigilantes de seguridad, contribuye sin duda a adoptar una actitud si cabe más activa en su contribución al conjunto de la seguridad ciudadana.
Por otro lado, si las empresas que, con sus limitaciones, pretenden adecuar su conducta al marco legal y a las obligaciones con las diversas autoridades públicas y con los trabajadores perciben por parte de las administraciones públicas una decidida lucha contra la competencia desleal, se contribuye a una todavía más decidida colaboración.
También juegan un papel las personas. La confluencia en el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Cuerpos autonómicos policiales de personas con una especial sensibilidad hacia la realidad de las empresas contribuye sin duda a un mejor entendimiento y una más decida actuación.
- APROSER pertenece a la Confederación Europea de Servicios de Seguridad (CoESS), por tanto conocen de cerca la situación de la seguridad privada en el resto de países del continente. ¿Cuál es la realidad general de esta actividad en Europa?Es difícil definir una realidad europea por cuanto en ella confluyen realidades nacionales muy distintas. En todo caso, es evidente una tendencia hacia la especialización de los servicios y la normalización en términos de calidad de ciertos segmentos especializados. Está clara la asunción de nuevas funciones por parte de las empresas; funciones que son demandadas por los ciudadanos y aceptadas por la sociedad.
La cooperación público-privada funciona especialmente en el ámbito anglosajón. La última década ha reflejado importantes cambios legislativos en todos los países, en especial en aquellos recientemente incorporados a la Unión Europea. Principios como los de una autorización especial para las empresas de seguridad y una licencia para los profesionales, la necesidad de una intensa formación previa y continua, o el sometimiento a un control administrativo por parte de las autoridades públicas, como garantes de una mayor profesionalización del sector, son prácticamente comunes a todos los países europeos en la actualidad.
- ¿Qué proyectos se están impulsando actualmente en Europa en relación con la Seguridad Privada?
Europa vivió un momento crucial con la adopción de la Directiva de servicios, que introdujo una cláusula específica para los servicios de vigilancia y transporte de fondos; un aspecto en el que tuvo una muy activa implicación nuestra asociación, logrando un éxito que evitó una degradación importantísima de nuestro sector.
La armonización en materia de transporte de fondos se vinculará a la prestación de servicios transfronterizos, y no es presumible, al menos a corto plazo, que surjan iniciativas adicionales de armonización en lo que atiende a la vigilancia.
Esto es perfectamente compatible con los esfuerzos de estandarización desde parámetros de calidad que seguirá realizando nuestra industria europea.
- El año que viene volverá a celebrarse el Salón Internacional de la Seguridad, Vigilancia y Prevención de Incendios (SICUR), la feria más importante de nuestro país para el sector. ¿Con qué talante miran a este evento las empresas asociadas a APROSER?
APROSER seguirá activamente vinculada al evento; tiene el honor de asumir la vicepresidencia del comité organizador. La participación o no en la feria dependerá de la decisión individual de cada compañía; una opción que sin duda estará influenciada por la reducción de costes de las empresas.
http://www.borrmart.es/articulo_seguritecnia.php?id=2735
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